Por Rafael Nieto Loaiza
¿Porqué los mismos medios y los mismos políticos que ensalzaron al Procurador General por el concepto que llevó a la Comisión Nacional de Televisión a suspender el proceso del tercer canal ahora lo acusan de uribista recalcitrante y de estar vendido al Gobierno? ¿Porqué sostenían que su posición en relación con el proceso del tercer canal era obligatoria y vinculante y ahora sostienen que, en relación con el referendo, es apenas opinión deleznable y no tiene valor jurídico alguno? ¿Porqué asumen que si la Corte Constitucional hunde el referendo es salvadora de la democracia, pero si le da su visto bueno es porque estaba comprada por el Ejecutivo?
Advierto que no estuve de acuerdo con el concepto del Procurador en relación con el tercer canal (no creo que haya fundamento jurídico para sostener que una licitación en la que se presenta un único proponente sea contraria al orden constitucional y legal). Tampoco lo estoy con su opinión en relación con el referendo (por un lado, incluso el pueblo y las asambleas constituyentes tienen límites para sus decisiones. La soberanía popular encuentra su frontera en los derechos y libertades humanas. Por el otro, la violación de los mecanismos de financiación de campañas debe tener sanciones que trasciendan las responsabilidades individuales). Pero indigna ver el descarado doble estándar con se le juzga y se evalúan sus actuaciones. Si convienen a los intereses de los opinadores, las posiciones de la Procuraduría son dignas de elogio y obligatorias y el Procurador casi un héroe nacional. Pero si no les gustan, el Procurador es un “godo reaccionario y camandulero” y sus opiniones son una “vergüenza”.
Lo cierto es que el Procurador fue elegido por votación abrumadora de congresistas no sólo uribistas sino de todos los partidos (Liberal y Polo incluidos) y sus posiciones ideológicas eran entonces ampliamente conocidas. El Procurador sólo ha sido consecuente con su trayectoria previa, algo que, de entrada, merece respeto y reconocimiento en un país lleno de insulsos, saltimbanquis y tránsfugas. Y aunque en ocasiones no se esté de acuerdo con él (he dicho ya que no lo estoy en dos temas de fundamental importancia), hay que admitir que sus opiniones son razonables y jurídicamente sustentadas. No es posible decir, además, que el Procurador le hace el juego al Presidente. Unas veces, como en el asunto del referendo, lo benefician. Pero en otras, como en el ejemplo del tercer canal, va en contravía de lo que el Gobierno quisiera.
De manera que lo que debe hacerse frente al Procurador es debatir sus argumentos y sus posiciones, incluso con vehemencia, pero no descalificarlo a él como persona o como jurista. El debate de ideas es lo propio de las democracias. No lo son el insulto y la descalificación personal y a priori.
Lo mismo, por cierto, es necesario con la Corte Constitucional. Con el añadido de que debería haber un consenso mínimo, social y político, en aceptar lo que la Corte tenga para decir sobre el referendo, sea cual sea su posición final y sea cual sea el margen de los ganadores. Preservar la legitimidad de la Corte es tan importante, en mi opinión, como su opinión sobre el referendo y sus resultados políticos. Sería fatal en términos de la institucionalidad democrática si como resultado de la búsqueda de la segunda reelección, además, nos llevamos entre las patas al árbitro constitucional.
martes, 19 de enero de 2010
sábado, 9 de enero de 2010
MIOPÍAS DE LA OPOSICIÓN
Por Rafael Nieto Loaiza
No se espera de los columnistas visiones equilibradas. De hecho, algunos han encontrado su cúspide en momentos de polarización, cuando asumieron posiciones radicales y sin matices. No hubo, por ejemplo, mejor D’Artagnan que aquel que, más allá de cualquier evidencia, se batía una y otra vez por Samper. No recuerdo que en esas épocas alguna vez hubiese estado yo de acuerdo con él, pero no dejé de leerlo ni una sola vez. A algunos otros, sin embargo, esos mismos momentos les roban todo su prestigio. Daniel Samper nunca fue el mismo después de esas épocas aciagas. Su credibilidad se vino al suelo.
Con Uribe el asunto es bien curioso. Frente al Presidente hay una relación inversamente proporcional entre medios y opinión. Si el grueso de la sociedad lo adora, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y sus columnistas, lo detestan con el alma. En los periódicos y revistas los uribistas somos bichos raros (ni hablar, claro, de los uribistas no rerreleccionistas, como el suscrito. Somos tan pocos como los más raros animales en extinción). Y si antes alguien podía decir que la situación quedaba compensada con el cubrimiento dado al Gobierno en la televisión, ahora tendrá que reconocer que, desde que se abrió la discusión del tercer canal, Caracol y RCN destilan un antiuribismo que muy poco se diferencia del de los más enconados enemigos de Uribe.
La popularidad del Presidente en semejantes circunstancias de animadversión de los medios de comunicación tiene diferentes explicaciones que van desde sus cualidades de líder hasta las comparaciones inevitablemente favorables frente a gobiernos anteriores. Con todo, la razón fundamental es que, más allá de lo que se diga y sin importar quien lo diga, los hechos son tozudos. Y esos hechos muestran mejoras sustantivas en la situación de seguridad y socioeconómica de millones de colombianos. El ciudadano común y corriente, la gente de a pie, vive hoy mejor, mucho mejor, que hace siete años y medio. Podrán correr envenenados ríos de tinta y aun así no podrán borrar esa percepción ciudadana.
Por supuesto, buena parte del mérito lo tiene la seguridad democrática. Muy miope hay que ser, o muy sesgado ideológicamente, para no entender que los más afectados con la violencia siempre son los más pobres y desvalidos. Los ricos, al fin y al cabo, pueden resguardarse tras guardaespaldas y carros blindados o, en últimas, irse a otros países. Para los demás no hay opción distinta que sufrir todos los riesgos. Creer que la seguridad sólo sirve para que “los ricos puedan volver a sus fincas por carretera”, como con desprecio dijo alguna vez el ex presidente López, es reflejo de una torpeza política de antología.
Torpeza que ahora se repite una y otra vez, con ocasión del asesinato del gobernador del Caquetá a manos de las Farc. Algunos han sostenido que es síntoma inequívoco del “agotamiento” de la política de seguridad democrática. Otros se atreven a hablar de “fracaso”. Todos sostienen que es indispensable “cambiarla” o “mejorarla”. Y sugieren de manera abierta o en forma implícita que hay también que cambiar el liderazgo que la implementa. En otras palabras, hay que salir de Uribe.
Se equivocan de cabo a rabo. Todos los crímenes que cometan las Farc en estos días preelectorales sólo reforzaran la percepción ciudadana de que la tarea está aun inconclusa y que se necesita aun más de lo mismo. Más Uribe. Y si no es él, a quien Uribe señale.
No se espera de los columnistas visiones equilibradas. De hecho, algunos han encontrado su cúspide en momentos de polarización, cuando asumieron posiciones radicales y sin matices. No hubo, por ejemplo, mejor D’Artagnan que aquel que, más allá de cualquier evidencia, se batía una y otra vez por Samper. No recuerdo que en esas épocas alguna vez hubiese estado yo de acuerdo con él, pero no dejé de leerlo ni una sola vez. A algunos otros, sin embargo, esos mismos momentos les roban todo su prestigio. Daniel Samper nunca fue el mismo después de esas épocas aciagas. Su credibilidad se vino al suelo.
Con Uribe el asunto es bien curioso. Frente al Presidente hay una relación inversamente proporcional entre medios y opinión. Si el grueso de la sociedad lo adora, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y sus columnistas, lo detestan con el alma. En los periódicos y revistas los uribistas somos bichos raros (ni hablar, claro, de los uribistas no rerreleccionistas, como el suscrito. Somos tan pocos como los más raros animales en extinción). Y si antes alguien podía decir que la situación quedaba compensada con el cubrimiento dado al Gobierno en la televisión, ahora tendrá que reconocer que, desde que se abrió la discusión del tercer canal, Caracol y RCN destilan un antiuribismo que muy poco se diferencia del de los más enconados enemigos de Uribe.
La popularidad del Presidente en semejantes circunstancias de animadversión de los medios de comunicación tiene diferentes explicaciones que van desde sus cualidades de líder hasta las comparaciones inevitablemente favorables frente a gobiernos anteriores. Con todo, la razón fundamental es que, más allá de lo que se diga y sin importar quien lo diga, los hechos son tozudos. Y esos hechos muestran mejoras sustantivas en la situación de seguridad y socioeconómica de millones de colombianos. El ciudadano común y corriente, la gente de a pie, vive hoy mejor, mucho mejor, que hace siete años y medio. Podrán correr envenenados ríos de tinta y aun así no podrán borrar esa percepción ciudadana.
Por supuesto, buena parte del mérito lo tiene la seguridad democrática. Muy miope hay que ser, o muy sesgado ideológicamente, para no entender que los más afectados con la violencia siempre son los más pobres y desvalidos. Los ricos, al fin y al cabo, pueden resguardarse tras guardaespaldas y carros blindados o, en últimas, irse a otros países. Para los demás no hay opción distinta que sufrir todos los riesgos. Creer que la seguridad sólo sirve para que “los ricos puedan volver a sus fincas por carretera”, como con desprecio dijo alguna vez el ex presidente López, es reflejo de una torpeza política de antología.
Torpeza que ahora se repite una y otra vez, con ocasión del asesinato del gobernador del Caquetá a manos de las Farc. Algunos han sostenido que es síntoma inequívoco del “agotamiento” de la política de seguridad democrática. Otros se atreven a hablar de “fracaso”. Todos sostienen que es indispensable “cambiarla” o “mejorarla”. Y sugieren de manera abierta o en forma implícita que hay también que cambiar el liderazgo que la implementa. En otras palabras, hay que salir de Uribe.
Se equivocan de cabo a rabo. Todos los crímenes que cometan las Farc en estos días preelectorales sólo reforzaran la percepción ciudadana de que la tarea está aun inconclusa y que se necesita aun más de lo mismo. Más Uribe. Y si no es él, a quien Uribe señale.
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