Jaime Jaramillo Panesso
En este país los pájaros le disparen a las escopetas. Más raro es que Goliat le tire piedras al Nevado del Tolima. Las más altas montañas están coronadas de nieve, pero en su interior arde un corazón de fuego. Alguien conocido por sus actividades como jefe de autodefensas, mientras descansa de sus diligencias ante la Corte, aprovecha para declarar fallida la desmovilización ocurrida hace ocho años en Medellín. ¿Porqué Fredy Rendón, a esta altura del partido, aparece como personaje salvador de la patria engañada?
Echar al suelo las desmovilizaciones,como un hecho de paz que retiró de la guerra a 30.000 paras y fundió 18.000 mil armas es un hito histórico no exento de errores. Los efectos de este bombardeo para deslegitimar el largo camino recorrido son de tan mezquino propósito que los dirigentes como el alcalde actual, los alcaldes anteriores y los funcionarios que llevaron adelante la tarea no pueden caer en la tramposa dialéctica de los prisioneros por delitos de lesa humanidad.Es una vergüenza que intercambien acusaciones de efectos electorales. La historia los absolverá a pesar de ellos porque actuaron de buena fe y porque la desmovilización fue real, visible, comprobable. Confundir a la ciudadanía es darle puntaje a los antiguerrilleros de ayer que guerrillean hoy con la desinformación e intenciones secretas.
Si destruir las desmovilizaciones señalándolas como falsas logra conseguir adeptos entre magistrados, fiscales y congresistas a la caza de recuperar algún partido maltrecho, nos encontraríamos ante este panorama: 1.- La Ley 975 de Justicia y Paz no tendría a quien aplicarse, sino la ley ordinaria. 2.- En consecuencia no habría víctimas de las autodefensas. 3.- Si no hay víctimas no debe existir reparación judicial ni reparación administrativa.-4.- Tampoco tendría porvenir la proyectada ley de Víctimas y de Tierras. 5.- Sobra la justicia transicional. Además, preparémonos rápidamente para construir inmensas cárceles para albergar a los desmovilizados de las autodefensas y guerrillas,más de cincuenta mil, si es que antes no se incorporan a grupos ilegales armados.
La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en 2003 registró 874 personas. Medellín fue la institución que más se comprometió con este proceso: estudio, capacitación laboral, empleo y asistencia sicológica. A raíz de las desmovilizaciones en el país, el número de reinsertados llegó a 4.500.- Los desmovilizados más difíciles fueron los del Cacique Nutibara por sus características sociales, mentales y laborales.
Recordemos la labor sacrificada y riesgosa de las sicólogas y trabajadoras sociales. Una historia de luchas internas, abandonos, estigmatizaciones y venganzas se cuenta al lado de una mayoría que cumplió sus propósitos de enmienda. Hoy el cuadro real de los 874 que concluyeron el desmonte de la estructura delincuencial es el siguiente en cuanto a las bajas: 144 muertos, 80 detenidos, 19 expulsados del programa. El precio de la paz es más grande que el de la guerra, pues incluye a los enemigos agazapados y a los nuevos oficiantes de la guerra jurídica o verbal.
martes, 15 de marzo de 2011
lunes, 14 de marzo de 2011
MORDIÉNDOSE LA COLA
Por Rafael Nieto Loaiza
Nos mordemos la cola, como la serpiente. El presidente Santos, después de rumores de pagos a las Farc tras el secuestro de 23 trabajadores de Talismán en el Vichada, hizo “una advertencia muy clara: empresa que pague un solo peso a uno de esos bandidos, se va de Colombia”. Como no le es posible echar del país a los nacionales, los medios interpretaron correctamente que Santos quiere expulsar a los extranjeros que paguen extorsiones a grupos armados ilegales.
La propuesta tiene el sano deseo de desestimular el pago a los delincuentes: “no podemos permitir que nadie alimente a esos bandidos que lo único que van a producir con ese dinero es más violencia y más inseguridad”. Y va en la misma línea de lo expresado por su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que en septiembre pasado dijo que “quien pague extorsión será visto como un auxiliador del crimen”.
Ocurre que, sin embargo, las mejores intenciones pueden traer profundas injusticias. Que la idea haya escalado al Jefe de Estado no la hace mejor sino, por el contrario, más preocupante.
Por supuesto que quien pague voluntariamente a la guerrilla o a las bandas criminales debería ir a la cárcel. Es un delito grave financiar grupos armados ilegales y quien lo hace es cómplice del terrorismo. Pero quien pague extorsión de ninguna manera podría ser penalizado o, como propone el Presidente para los extranjeros, expulsado del país. El extorsionado paga no porque quiera, sino porque lo obligan, a riesgo de sufrir mayores daños para él, sus familiares, su libertad y sus bienes.
Santos y su Ministro trasladan la responsabilidad del Estado a las víctimas. La extorsión ocurre porque el Gobierno no consigue neutralizar al extorsionista ni garantizar a las personas extorsionadas, naturales o jurídicas, que sus derechos no sean vulnerados. La extorsión sucede y se paga porque el ciudadano estima que el Estado no puede protegerlo. En la extorsión, por definición, no se paga porque se quiere, sino porque se cree que no hay opción distinta para protegerse de la amenaza criminal.
De manera que penalizar o expulsar al extorsionado supone una
doble victimización: el extorsionado es víctima del criminal que lo extorsiona y del Estado que, en lugar de protegerlo, quiere privarlo de su libertad y, si es extranjero, expulsarlo del país.
La propuesta del Presidente supone, además, una discriminación adicional, al tratar de manera desigual y más desfavorable al extranjero. Seguramente desestimulará al inversionista extranjero. Y podría incentivar falsas denuncias por parte de nacionales que quisieran salir de su competidor internacional.
Como si no bastara, alentará la no denuncia del delito: el extorsionado preferirá callar que sufrir la expulsión que le anuncia el Presidente o el proceso penal que le ofrece su Ministro de Defensa. Como resultado, incentivará a los grupos armados a extorsionar porque sabrán que los extorsionados tendrán una razón más para no denunciarlos.
Para rematar, las propuestas del Presidente y su Ministro no tienen ningún fundamento jurídico: ni la Constitución ni la ley permiten lo que proponen. No sobra recordar que en Colombia la ley no es, gracias a Dios, la palabra del Jefe de Estado. Y que la Corte Constitucional consideró inconstitucional la norma que proponía sancionar a quien pagara por el secuestro. Las razones son idénticas en el caso de la extorsión.
Nos mordemos la cola, como la serpiente. El presidente Santos, después de rumores de pagos a las Farc tras el secuestro de 23 trabajadores de Talismán en el Vichada, hizo “una advertencia muy clara: empresa que pague un solo peso a uno de esos bandidos, se va de Colombia”. Como no le es posible echar del país a los nacionales, los medios interpretaron correctamente que Santos quiere expulsar a los extranjeros que paguen extorsiones a grupos armados ilegales.
La propuesta tiene el sano deseo de desestimular el pago a los delincuentes: “no podemos permitir que nadie alimente a esos bandidos que lo único que van a producir con ese dinero es más violencia y más inseguridad”. Y va en la misma línea de lo expresado por su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que en septiembre pasado dijo que “quien pague extorsión será visto como un auxiliador del crimen”.
Ocurre que, sin embargo, las mejores intenciones pueden traer profundas injusticias. Que la idea haya escalado al Jefe de Estado no la hace mejor sino, por el contrario, más preocupante.
Por supuesto que quien pague voluntariamente a la guerrilla o a las bandas criminales debería ir a la cárcel. Es un delito grave financiar grupos armados ilegales y quien lo hace es cómplice del terrorismo. Pero quien pague extorsión de ninguna manera podría ser penalizado o, como propone el Presidente para los extranjeros, expulsado del país. El extorsionado paga no porque quiera, sino porque lo obligan, a riesgo de sufrir mayores daños para él, sus familiares, su libertad y sus bienes.
Santos y su Ministro trasladan la responsabilidad del Estado a las víctimas. La extorsión ocurre porque el Gobierno no consigue neutralizar al extorsionista ni garantizar a las personas extorsionadas, naturales o jurídicas, que sus derechos no sean vulnerados. La extorsión sucede y se paga porque el ciudadano estima que el Estado no puede protegerlo. En la extorsión, por definición, no se paga porque se quiere, sino porque se cree que no hay opción distinta para protegerse de la amenaza criminal.
De manera que penalizar o expulsar al extorsionado supone una
doble victimización: el extorsionado es víctima del criminal que lo extorsiona y del Estado que, en lugar de protegerlo, quiere privarlo de su libertad y, si es extranjero, expulsarlo del país.
La propuesta del Presidente supone, además, una discriminación adicional, al tratar de manera desigual y más desfavorable al extranjero. Seguramente desestimulará al inversionista extranjero. Y podría incentivar falsas denuncias por parte de nacionales que quisieran salir de su competidor internacional.
Como si no bastara, alentará la no denuncia del delito: el extorsionado preferirá callar que sufrir la expulsión que le anuncia el Presidente o el proceso penal que le ofrece su Ministro de Defensa. Como resultado, incentivará a los grupos armados a extorsionar porque sabrán que los extorsionados tendrán una razón más para no denunciarlos.
Para rematar, las propuestas del Presidente y su Ministro no tienen ningún fundamento jurídico: ni la Constitución ni la ley permiten lo que proponen. No sobra recordar que en Colombia la ley no es, gracias a Dios, la palabra del Jefe de Estado. Y que la Corte Constitucional consideró inconstitucional la norma que proponía sancionar a quien pagara por el secuestro. Las razones son idénticas en el caso de la extorsión.
sábado, 8 de enero de 2011
2011 Y SUS DESAFÍOS
Por Rafael Nieto Loaiza
Para los niños los años son eternos. En la medida en que nos ponemos viejos el tiempo pasa más rápido. Sin que apenas nos demos cuenta, se fue un año y nos recibe otro nuevo. El 2011 llega cargado de retos.
El primero, no sobra insistir, es redefinir el plan de desarrollo. La debacle invernal que aun no amaina ha traído aparejadas una catástrofe humanitaria y un colapso en la infraestructura que obliga a concentrarse en la soluciones de corto y mediano plazo y a dejar de lado las prioridades de campaña. Nada hay hoy más urgente que resolver la tragedia de centenares de miles de campesinos que han perdido desde su sustento hasta su vivienda. La atención de la emergencia debe ser eficaz y prolongarse en el tiempo mientras que dure el invierno. Después hay que reconstruir, ojalá con visión de largo aliento, las decenas de carreteras arrasadas por el diluvio y las avalanchas. Como si no fuera tarea suficiente, es fundamental el desarrollo de proyectos que, por un lado, reubiquen a las familias que ya no podrán volver a sus antiguas localidades y, por el otro, permitan la recuperación de aquellas que quedaron destruidas por las aguas. Y hay que dar respuesta a la crisis agropecuaria que ha generado el deslave a lo largo y ancho de la geografía nacional. Finalmente, todo hay que hacerlo de manera que se protejan los recursos, públicos y donados, de las manos voraces de los corruptos de todos los pelambres. La tragedia nunca ha sido obstáculo para las fauces insaciables de los bandidos.
Mantener la línea de la seguridad democrática es otro gran reto. Capturar o dar de baja a Cano sería el paso decisivo para sentar a la mesa a las Farc, en especial si es cierto que, como dicen, Chávez estaría cerrando su territorio a la presencia guerrillera. En el alto Gobierno sostienen que el Teniente Coronel le ha pedido a la guerrilla que abandone Venezuela. Me cuesta creerlo y aun no hay evidencia de ello pero, si fuera cierto, sin la retaguardia y el apoyo venezolano la neutralización del jefe del Secretariado podría ser el golpe que por fin obligara a las Farc a una negociación seria. El Eln vendría por contera. Echarle lazo al Loco Barrera y a Calle, los dos grandes capos que sobreviven, sería definitivo en la lucha contra los narcos y las bandas criminales. Y hay que concentrarse en responder a los nuevos retos de la seguridad urbana.
El tercer desafío está en mantener el acuerdo de unidad nacional que ha dado buenos frutos legislativos. No es sencillo. El partido Liberal, un sector de Cambio Radical y una caterva de columnistas están en la tarea de enemistar a como de lugar a Santos y a Uribe. Algunos uribistas, con mal cálculo, les hacen el juego. Un enfrentamiento no sólo no conviene a ninguno de los dos, sino que le haría mucho daño al país. Además, hay diferencias ideológicas importantes entre aquellos y, por el otro lado, los conservadores y el partido de la U. Y hay una lucha, soterrada pero no por ello menos cierta, por la burocracia regional. Santos camina por el filo y resbalarse será sencillísimo cuando la luna de miel se acabe.
Por ultimo, el Gobierno debe darse a la tarea de conseguir, por fin, la aprobación del TLC. El “nuevo mejor amigo” será un problema, pero no debería ser un obstáculo. Excepto que, claro, los gringos sientan que los cambiamos y ahora preferimos al autócrata Teniente Coronel.
Para los niños los años son eternos. En la medida en que nos ponemos viejos el tiempo pasa más rápido. Sin que apenas nos demos cuenta, se fue un año y nos recibe otro nuevo. El 2011 llega cargado de retos.
El primero, no sobra insistir, es redefinir el plan de desarrollo. La debacle invernal que aun no amaina ha traído aparejadas una catástrofe humanitaria y un colapso en la infraestructura que obliga a concentrarse en la soluciones de corto y mediano plazo y a dejar de lado las prioridades de campaña. Nada hay hoy más urgente que resolver la tragedia de centenares de miles de campesinos que han perdido desde su sustento hasta su vivienda. La atención de la emergencia debe ser eficaz y prolongarse en el tiempo mientras que dure el invierno. Después hay que reconstruir, ojalá con visión de largo aliento, las decenas de carreteras arrasadas por el diluvio y las avalanchas. Como si no fuera tarea suficiente, es fundamental el desarrollo de proyectos que, por un lado, reubiquen a las familias que ya no podrán volver a sus antiguas localidades y, por el otro, permitan la recuperación de aquellas que quedaron destruidas por las aguas. Y hay que dar respuesta a la crisis agropecuaria que ha generado el deslave a lo largo y ancho de la geografía nacional. Finalmente, todo hay que hacerlo de manera que se protejan los recursos, públicos y donados, de las manos voraces de los corruptos de todos los pelambres. La tragedia nunca ha sido obstáculo para las fauces insaciables de los bandidos.
Mantener la línea de la seguridad democrática es otro gran reto. Capturar o dar de baja a Cano sería el paso decisivo para sentar a la mesa a las Farc, en especial si es cierto que, como dicen, Chávez estaría cerrando su territorio a la presencia guerrillera. En el alto Gobierno sostienen que el Teniente Coronel le ha pedido a la guerrilla que abandone Venezuela. Me cuesta creerlo y aun no hay evidencia de ello pero, si fuera cierto, sin la retaguardia y el apoyo venezolano la neutralización del jefe del Secretariado podría ser el golpe que por fin obligara a las Farc a una negociación seria. El Eln vendría por contera. Echarle lazo al Loco Barrera y a Calle, los dos grandes capos que sobreviven, sería definitivo en la lucha contra los narcos y las bandas criminales. Y hay que concentrarse en responder a los nuevos retos de la seguridad urbana.
El tercer desafío está en mantener el acuerdo de unidad nacional que ha dado buenos frutos legislativos. No es sencillo. El partido Liberal, un sector de Cambio Radical y una caterva de columnistas están en la tarea de enemistar a como de lugar a Santos y a Uribe. Algunos uribistas, con mal cálculo, les hacen el juego. Un enfrentamiento no sólo no conviene a ninguno de los dos, sino que le haría mucho daño al país. Además, hay diferencias ideológicas importantes entre aquellos y, por el otro lado, los conservadores y el partido de la U. Y hay una lucha, soterrada pero no por ello menos cierta, por la burocracia regional. Santos camina por el filo y resbalarse será sencillísimo cuando la luna de miel se acabe.
Por ultimo, el Gobierno debe darse a la tarea de conseguir, por fin, la aprobación del TLC. El “nuevo mejor amigo” será un problema, pero no debería ser un obstáculo. Excepto que, claro, los gringos sientan que los cambiamos y ahora preferimos al autócrata Teniente Coronel.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
