Jaime Jaramillo Panesso
En este país los pájaros le disparen a las escopetas. Más raro es que Goliat le tire piedras al Nevado del Tolima. Las más altas montañas están coronadas de nieve, pero en su interior arde un corazón de fuego. Alguien conocido por sus actividades como jefe de autodefensas, mientras descansa de sus diligencias ante la Corte, aprovecha para declarar fallida la desmovilización ocurrida hace ocho años en Medellín. ¿Porqué Fredy Rendón, a esta altura del partido, aparece como personaje salvador de la patria engañada?
Echar al suelo las desmovilizaciones,como un hecho de paz que retiró de la guerra a 30.000 paras y fundió 18.000 mil armas es un hito histórico no exento de errores. Los efectos de este bombardeo para deslegitimar el largo camino recorrido son de tan mezquino propósito que los dirigentes como el alcalde actual, los alcaldes anteriores y los funcionarios que llevaron adelante la tarea no pueden caer en la tramposa dialéctica de los prisioneros por delitos de lesa humanidad.Es una vergüenza que intercambien acusaciones de efectos electorales. La historia los absolverá a pesar de ellos porque actuaron de buena fe y porque la desmovilización fue real, visible, comprobable. Confundir a la ciudadanía es darle puntaje a los antiguerrilleros de ayer que guerrillean hoy con la desinformación e intenciones secretas.
Si destruir las desmovilizaciones señalándolas como falsas logra conseguir adeptos entre magistrados, fiscales y congresistas a la caza de recuperar algún partido maltrecho, nos encontraríamos ante este panorama: 1.- La Ley 975 de Justicia y Paz no tendría a quien aplicarse, sino la ley ordinaria. 2.- En consecuencia no habría víctimas de las autodefensas. 3.- Si no hay víctimas no debe existir reparación judicial ni reparación administrativa.-4.- Tampoco tendría porvenir la proyectada ley de Víctimas y de Tierras. 5.- Sobra la justicia transicional. Además, preparémonos rápidamente para construir inmensas cárceles para albergar a los desmovilizados de las autodefensas y guerrillas,más de cincuenta mil, si es que antes no se incorporan a grupos ilegales armados.
La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en 2003 registró 874 personas. Medellín fue la institución que más se comprometió con este proceso: estudio, capacitación laboral, empleo y asistencia sicológica. A raíz de las desmovilizaciones en el país, el número de reinsertados llegó a 4.500.- Los desmovilizados más difíciles fueron los del Cacique Nutibara por sus características sociales, mentales y laborales.
Recordemos la labor sacrificada y riesgosa de las sicólogas y trabajadoras sociales. Una historia de luchas internas, abandonos, estigmatizaciones y venganzas se cuenta al lado de una mayoría que cumplió sus propósitos de enmienda. Hoy el cuadro real de los 874 que concluyeron el desmonte de la estructura delincuencial es el siguiente en cuanto a las bajas: 144 muertos, 80 detenidos, 19 expulsados del programa. El precio de la paz es más grande que el de la guerra, pues incluye a los enemigos agazapados y a los nuevos oficiantes de la guerra jurídica o verbal.
martes, 15 de marzo de 2011
lunes, 14 de marzo de 2011
MORDIÉNDOSE LA COLA
Por Rafael Nieto Loaiza
Nos mordemos la cola, como la serpiente. El presidente Santos, después de rumores de pagos a las Farc tras el secuestro de 23 trabajadores de Talismán en el Vichada, hizo “una advertencia muy clara: empresa que pague un solo peso a uno de esos bandidos, se va de Colombia”. Como no le es posible echar del país a los nacionales, los medios interpretaron correctamente que Santos quiere expulsar a los extranjeros que paguen extorsiones a grupos armados ilegales.
La propuesta tiene el sano deseo de desestimular el pago a los delincuentes: “no podemos permitir que nadie alimente a esos bandidos que lo único que van a producir con ese dinero es más violencia y más inseguridad”. Y va en la misma línea de lo expresado por su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que en septiembre pasado dijo que “quien pague extorsión será visto como un auxiliador del crimen”.
Ocurre que, sin embargo, las mejores intenciones pueden traer profundas injusticias. Que la idea haya escalado al Jefe de Estado no la hace mejor sino, por el contrario, más preocupante.
Por supuesto que quien pague voluntariamente a la guerrilla o a las bandas criminales debería ir a la cárcel. Es un delito grave financiar grupos armados ilegales y quien lo hace es cómplice del terrorismo. Pero quien pague extorsión de ninguna manera podría ser penalizado o, como propone el Presidente para los extranjeros, expulsado del país. El extorsionado paga no porque quiera, sino porque lo obligan, a riesgo de sufrir mayores daños para él, sus familiares, su libertad y sus bienes.
Santos y su Ministro trasladan la responsabilidad del Estado a las víctimas. La extorsión ocurre porque el Gobierno no consigue neutralizar al extorsionista ni garantizar a las personas extorsionadas, naturales o jurídicas, que sus derechos no sean vulnerados. La extorsión sucede y se paga porque el ciudadano estima que el Estado no puede protegerlo. En la extorsión, por definición, no se paga porque se quiere, sino porque se cree que no hay opción distinta para protegerse de la amenaza criminal.
De manera que penalizar o expulsar al extorsionado supone una
doble victimización: el extorsionado es víctima del criminal que lo extorsiona y del Estado que, en lugar de protegerlo, quiere privarlo de su libertad y, si es extranjero, expulsarlo del país.
La propuesta del Presidente supone, además, una discriminación adicional, al tratar de manera desigual y más desfavorable al extranjero. Seguramente desestimulará al inversionista extranjero. Y podría incentivar falsas denuncias por parte de nacionales que quisieran salir de su competidor internacional.
Como si no bastara, alentará la no denuncia del delito: el extorsionado preferirá callar que sufrir la expulsión que le anuncia el Presidente o el proceso penal que le ofrece su Ministro de Defensa. Como resultado, incentivará a los grupos armados a extorsionar porque sabrán que los extorsionados tendrán una razón más para no denunciarlos.
Para rematar, las propuestas del Presidente y su Ministro no tienen ningún fundamento jurídico: ni la Constitución ni la ley permiten lo que proponen. No sobra recordar que en Colombia la ley no es, gracias a Dios, la palabra del Jefe de Estado. Y que la Corte Constitucional consideró inconstitucional la norma que proponía sancionar a quien pagara por el secuestro. Las razones son idénticas en el caso de la extorsión.
Nos mordemos la cola, como la serpiente. El presidente Santos, después de rumores de pagos a las Farc tras el secuestro de 23 trabajadores de Talismán en el Vichada, hizo “una advertencia muy clara: empresa que pague un solo peso a uno de esos bandidos, se va de Colombia”. Como no le es posible echar del país a los nacionales, los medios interpretaron correctamente que Santos quiere expulsar a los extranjeros que paguen extorsiones a grupos armados ilegales.
La propuesta tiene el sano deseo de desestimular el pago a los delincuentes: “no podemos permitir que nadie alimente a esos bandidos que lo único que van a producir con ese dinero es más violencia y más inseguridad”. Y va en la misma línea de lo expresado por su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que en septiembre pasado dijo que “quien pague extorsión será visto como un auxiliador del crimen”.
Ocurre que, sin embargo, las mejores intenciones pueden traer profundas injusticias. Que la idea haya escalado al Jefe de Estado no la hace mejor sino, por el contrario, más preocupante.
Por supuesto que quien pague voluntariamente a la guerrilla o a las bandas criminales debería ir a la cárcel. Es un delito grave financiar grupos armados ilegales y quien lo hace es cómplice del terrorismo. Pero quien pague extorsión de ninguna manera podría ser penalizado o, como propone el Presidente para los extranjeros, expulsado del país. El extorsionado paga no porque quiera, sino porque lo obligan, a riesgo de sufrir mayores daños para él, sus familiares, su libertad y sus bienes.
Santos y su Ministro trasladan la responsabilidad del Estado a las víctimas. La extorsión ocurre porque el Gobierno no consigue neutralizar al extorsionista ni garantizar a las personas extorsionadas, naturales o jurídicas, que sus derechos no sean vulnerados. La extorsión sucede y se paga porque el ciudadano estima que el Estado no puede protegerlo. En la extorsión, por definición, no se paga porque se quiere, sino porque se cree que no hay opción distinta para protegerse de la amenaza criminal.
De manera que penalizar o expulsar al extorsionado supone una
doble victimización: el extorsionado es víctima del criminal que lo extorsiona y del Estado que, en lugar de protegerlo, quiere privarlo de su libertad y, si es extranjero, expulsarlo del país.
La propuesta del Presidente supone, además, una discriminación adicional, al tratar de manera desigual y más desfavorable al extranjero. Seguramente desestimulará al inversionista extranjero. Y podría incentivar falsas denuncias por parte de nacionales que quisieran salir de su competidor internacional.
Como si no bastara, alentará la no denuncia del delito: el extorsionado preferirá callar que sufrir la expulsión que le anuncia el Presidente o el proceso penal que le ofrece su Ministro de Defensa. Como resultado, incentivará a los grupos armados a extorsionar porque sabrán que los extorsionados tendrán una razón más para no denunciarlos.
Para rematar, las propuestas del Presidente y su Ministro no tienen ningún fundamento jurídico: ni la Constitución ni la ley permiten lo que proponen. No sobra recordar que en Colombia la ley no es, gracias a Dios, la palabra del Jefe de Estado. Y que la Corte Constitucional consideró inconstitucional la norma que proponía sancionar a quien pagara por el secuestro. Las razones son idénticas en el caso de la extorsión.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
