Por Rafael Nieto Loaiza
Por cuenta del referendo rerreleccionista, un hueco negro que todo lo absorbía, estas elecciones son atípicas. Tendremos la campaña presidencial más corta de nuestra historia. El que se resbale difícilmente tendrá tiempo para volver a levantarse. Con el gigante fuera de circulación, la contienda es entre enanos y está abierta. Casi cualquiera puede ganar.
Y las elecciones parlamentarias, usualmente con dinámica propia, han sido opacadas por la polémica sobre el tercer período de Uribe. Con todo, lo que ocurra este domingo es vital:
Está en juego el control del Congreso y la gobernabilidad del próximo presidente. Si el partido de la U y el Conservador obtienen las curules que se esperan, de 28 a 31 senadores de la U y de 23 a 25 conservadores, tendrían, sin necesidad de terceros, mayoría. En la Cámara, sin embargo, seguramente necesitarán sumar los representantes de otro partido. Esa mayoría garantizaría que el nuevo presidente, si viene de la coalición de gobierno, podría impulsar su agenda legislativa sin mayores dificultades. En cambio, un jefe de gobierno que venga de otras filas lo tendrá muy difícil.
Eso nos lleva a la consulta conservadora, más cerrada que lo que esperan los noemicitas. Arias garantiza la continuidad de la coalición actual. Noemí, en cambio, ha sido equívoca. En mi opinión, si la Sanín hubiera manifestado con claridad que le apuesta a la continuidad, barrería. Pero con su ambigüedad ha conseguido que los conservadores uribistas y la gente de la U apoyen a Andrés Felipe. Tampoco la ayudará que la consulta verde se haga el mismo día: perderá una parte importante de voto de opinión, que preferirá escoger entre los tres “tenores”. Con todo, será una competencia muy reñida. La consulta conservadora será decisiva para las presidenciales.
El Partido Verde, si no alcanza el umbral, no podrá presentar candidato presidencial propio. ¿Habrá que recordar que ni el partido de Peñalosa ni el de Mockus superaron hace cuatro años ese umbral? ¿Y que en aquella ocasión ellos mismos encabezaban sus listas y ahora no? Es verdad que han aprendido la lección, que ahora Mockus y Peñalosa juegan juntos y que a ellos se suma Lucho Garzón. ¿Pero les alcanzará? La consulta para elegir candidato entre ellos alcanzará muchos más votos que sus listas al Congreso.
Intuyo que la votación por las listas de Compromiso Ciudadano será muy mala. Fajardo se equivocó al meterse en el berenjenal de las parlamentarias sin contar con partido de apoyo. Y volvió a meter la pata cuando vendió la idea de que conformaría una “selección Colombia”. Salvo algunas buenas excepciones, sus candidatos más bien harían parte de la suplencia de un campeonato de tercera. ¿Cuál será el impacto de una baja votación de sus listas al Congreso en su candidatura?
Muy a mi pesar, el PIN tendrá 7 u 8 senadores, la mayoría de ellos parientes de congresistas con problemas por parapolítica. Es verdad que la responsabilidad penal no se extienden a los familiares, pero es lamentable que aun haya ciudadanos que premien con su voto a quienes los traicionaron con conductas indignas.
El Liberalismo aspira a 20 senadores. Si llega a 15 debe celebrar. La candidatura de Rafael Pardo quedará grogui. ¿La incógnita? Cambio Radical. ¿Qué tanto los afectará los tránsfugas que terminaron en la U?
En fin, a votar. Es un deber ciudadano. Además, quien no vota después no tiene derecho a quejarse.
jueves, 18 de marzo de 2010
martes, 2 de marzo de 2010
La fiesta de los enanos
Por Rafael Nieto Loaiza
Si el presidente Uribe hubiese declinado a tiempo su intención de aspirar a un tercer período, andaría con su popularidad por los cielos y tendría una inmensa capacidad de maniobra política, muchísimo mayor que la que tiene hoy.
Pero le calentaron los oídos y se dejó tentar. Con impredecibles consecuencias, por cierto, para la continuidad de su proyecto político. Si Uribe no hubiera albergado la esperanza de repetir, podría haberse concentrado en construir un movimiento sólido y coherente que aglutinara a todo el uribismo y garantizara la continuidad de sus políticas.
Ahora, en cambio no hay seguridad de que sea un uribista quien suceda al Presidente. La aspiración presidencial reventó la coalición de gobierno. Vargas Lleras se apartó de ella en búsqueda de su propia candidatura. Y un sector del conservatismo, con Pastrana a la cabeza, decidió enfrentar a Uribe.
Sin el Presidente en la papeleta, el partidor quedó abierto y hay oportunidades para casi todos los aspirantes. Y para las coaliciones. Ninguno tiene, ni de lejos, fuerza suficiente para ganar en primera vuelta en mayo, de manera que todos necesitarán alianzas para triunfar en junio.
Será clave verificar si la división política actual es de carácter personal o si es ideológica. Si giraba en torno del Presidente, el retiro de Uribe significaría barajar y repartir de nuevo, con la posibilidad de alianzas entre, por ejemplo, el liberalismo y el partido de la U. Y, si el origen partidista retoma fuerzas, Cambio Radical.
Pero si es ideológica, como creo, habrá una tendencia natural a mantener las líneas divisorias actuales. El liberalismo, que desde Samper ha decidido jugarse a la centro izquierda, encontraría afinidades con Petro, el partido Verde y, sospecho, con Fajardo, quien más temprano que tarde tendrá que empezar a asumir posiciones. Desde el centro a la derecha, el conservatismo y la U jugarían juntos. Y con ellos, Vargas Lleras, si logra superar los celos y antipatías que tiene con Juan Manuel Santos.
En este caso, es definitivo lo que ocurra en la consulta conservadora. Arias ha dicho de manera inequívoca que está dispuesto a jugar con la U. Pero Noemí ha hecho mutis. Por eso es probable que uribistas no conservadores apoyen a Arias en la consulta. Por lo mismo, muchos en la oposición estarán dispuestos a votar por Noemí, en la convicción de que su triunfo en la consulta enreda a la actual coalición de gobierno. Esa estrategia puede serle inicialmente útil a Noemí, en especial porque Arias, que tiene mayor fuerza parlamentaria, ha sufrido un enorme desgaste de opinión por cuenta del escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Pero Noemí se equivocaría de plano si cree que los sufragios de la consulta permanecerán para la primera vuelta. Ahí todos votarán por los candidatos más cercanos a sus afectos y a sus convicciones. Y Noemí necesitará hacer explícita su intención de buscar una alianza con Santos, si quiere que los votos de conservatismo uribista se inclinen por ella y no por Juan Manuel. Peor: si Noemí deja abierta la puerta para una alianza con la oposición, el conservatismo se fracturará. No tengo duda alguna de que un sector mayoritario del conservatismo, el mismo que votó por Uribe en el 2002 y en el 2006, dejaría el partido y terminaría en las huestes juanmanuelistas.
En fin, es un nuevo juego. Ido Gulliver, hacen fiesta los enanos.
Si el presidente Uribe hubiese declinado a tiempo su intención de aspirar a un tercer período, andaría con su popularidad por los cielos y tendría una inmensa capacidad de maniobra política, muchísimo mayor que la que tiene hoy.
Pero le calentaron los oídos y se dejó tentar. Con impredecibles consecuencias, por cierto, para la continuidad de su proyecto político. Si Uribe no hubiera albergado la esperanza de repetir, podría haberse concentrado en construir un movimiento sólido y coherente que aglutinara a todo el uribismo y garantizara la continuidad de sus políticas.
Ahora, en cambio no hay seguridad de que sea un uribista quien suceda al Presidente. La aspiración presidencial reventó la coalición de gobierno. Vargas Lleras se apartó de ella en búsqueda de su propia candidatura. Y un sector del conservatismo, con Pastrana a la cabeza, decidió enfrentar a Uribe.
Sin el Presidente en la papeleta, el partidor quedó abierto y hay oportunidades para casi todos los aspirantes. Y para las coaliciones. Ninguno tiene, ni de lejos, fuerza suficiente para ganar en primera vuelta en mayo, de manera que todos necesitarán alianzas para triunfar en junio.
Será clave verificar si la división política actual es de carácter personal o si es ideológica. Si giraba en torno del Presidente, el retiro de Uribe significaría barajar y repartir de nuevo, con la posibilidad de alianzas entre, por ejemplo, el liberalismo y el partido de la U. Y, si el origen partidista retoma fuerzas, Cambio Radical.
Pero si es ideológica, como creo, habrá una tendencia natural a mantener las líneas divisorias actuales. El liberalismo, que desde Samper ha decidido jugarse a la centro izquierda, encontraría afinidades con Petro, el partido Verde y, sospecho, con Fajardo, quien más temprano que tarde tendrá que empezar a asumir posiciones. Desde el centro a la derecha, el conservatismo y la U jugarían juntos. Y con ellos, Vargas Lleras, si logra superar los celos y antipatías que tiene con Juan Manuel Santos.
En este caso, es definitivo lo que ocurra en la consulta conservadora. Arias ha dicho de manera inequívoca que está dispuesto a jugar con la U. Pero Noemí ha hecho mutis. Por eso es probable que uribistas no conservadores apoyen a Arias en la consulta. Por lo mismo, muchos en la oposición estarán dispuestos a votar por Noemí, en la convicción de que su triunfo en la consulta enreda a la actual coalición de gobierno. Esa estrategia puede serle inicialmente útil a Noemí, en especial porque Arias, que tiene mayor fuerza parlamentaria, ha sufrido un enorme desgaste de opinión por cuenta del escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Pero Noemí se equivocaría de plano si cree que los sufragios de la consulta permanecerán para la primera vuelta. Ahí todos votarán por los candidatos más cercanos a sus afectos y a sus convicciones. Y Noemí necesitará hacer explícita su intención de buscar una alianza con Santos, si quiere que los votos de conservatismo uribista se inclinen por ella y no por Juan Manuel. Peor: si Noemí deja abierta la puerta para una alianza con la oposición, el conservatismo se fracturará. No tengo duda alguna de que un sector mayoritario del conservatismo, el mismo que votó por Uribe en el 2002 y en el 2006, dejaría el partido y terminaría en las huestes juanmanuelistas.
En fin, es un nuevo juego. Ido Gulliver, hacen fiesta los enanos.
lunes, 1 de febrero de 2010
Los capichos de la suprema
Por Rafael Nieto Loaiza
Por fin el jueves pasado la Corte Suprema entró a votar para escoger al nuevo Fiscal General de la Nación. De ese hecho se desprenden varias consecuencias.
La primera, que no tendremos Fiscal penalista. En contra de lo que sostuvieron los actuales Presidente y Vicepresidente de la Corte en diversas entrevistas, la mayoría del alto tribunal cree que la de ser experto en derecho penal no es una condición necesaria para desempeñar el cargo de Fiscal General. Era lo que habíamos dicho algunos, basados en que ese requisito no estaba en la Constitución o en las leyes, y en que en ocasión anterior, aun después de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, la Corte había elegido fiscal lego en la materia. Mario Iguarán nunca fue abogado experto en derecho criminal.
La segunda, que se puede haber sido funcionario del gobierno que postula sin que ello signifique quedar vetado para ser elegido Fiscal. Camilo Ospina fue secretario jurídico de Palacio, ministro de Defensa y embajador en la OEA. La Corte parece haber reconocido que la independencia y autonomía del Fiscal, entonces, depende del carácter del nominado y no de que el candidato haya sido o no empleado del alto gobierno.
Tercera, que los llamados “estándares internacionales” que se alegaron para no elegir Fiscal no eran tales. Para empezar, por que lo que se arguyó como fundamento de tales “estándares” no eran tratados internacionales obligatorios para Colombia. De hecho, no eran siquiera normas de derecho internacional de otro tipo. Eran apenas algunas sugerencias de expertos de distintos países. Para peor, ni siquiera establecían que los fiscales tuviesen que ser penalistas o que no pudieran haber sido funcionarios de gobierno.
Cuarta, que la terna sí era “viable”, a pesar de las declaraciones en contrario de algunos magistrados. En distintos momentos, tras las renuncias de dos de los nominados, insistieron en que toda la terna debía retirarse. Pues bien, ahí sigue como candidato Ospina, el único de los tres postulados originales que sobrevivió la feroz embestida de los magistrados radicales y de sus acólitos en los medios de comunicación.
Como resultado, es posible sostener que exigir las condiciones de experto penalista y no haber sido funcionario de gobierno y declarar la “inviabilidad” de la terna fueron decisiones que no tenían fundamento internacional, constitucional o legal. No sobra recordar que el ámbito de libertad de los funcionarios públicos es reglado y limitado. Es decir, los funcionarios públicos, cuando actúan como tales, sólo pueden hacer lo que la Constitución y las leyes les ordenan. Ni más, ni menos. De manera que pedir requisitos adicionales a los que establece la Constitución para los candidatos a Fiscal General y declarar la “inviabilidad” de una terna que reunía las características exigidas en la Carta Política fueron decisiones calificables de arbitrarias y caprichosas.
Eso, en mi opinión, es lo más desafortunado de este episodio, por cierto no resuelto del todo hasta que se elija Fiscal en propiedad. A mi tampoco, lo dije en su momento, me gustaban algunos de los candidatos originales. Y los nuevos me parecen mucho mejores. Pero los órganos públicos no pueden actuar de acuerdo con sus gustos sino con lo que el orden jurídico ordena. Más grave aún si quien actúa por capricho (esperemos que no por política) es la más alta instancia de la justicia civil.
Por fin el jueves pasado la Corte Suprema entró a votar para escoger al nuevo Fiscal General de la Nación. De ese hecho se desprenden varias consecuencias.
La primera, que no tendremos Fiscal penalista. En contra de lo que sostuvieron los actuales Presidente y Vicepresidente de la Corte en diversas entrevistas, la mayoría del alto tribunal cree que la de ser experto en derecho penal no es una condición necesaria para desempeñar el cargo de Fiscal General. Era lo que habíamos dicho algunos, basados en que ese requisito no estaba en la Constitución o en las leyes, y en que en ocasión anterior, aun después de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, la Corte había elegido fiscal lego en la materia. Mario Iguarán nunca fue abogado experto en derecho criminal.
La segunda, que se puede haber sido funcionario del gobierno que postula sin que ello signifique quedar vetado para ser elegido Fiscal. Camilo Ospina fue secretario jurídico de Palacio, ministro de Defensa y embajador en la OEA. La Corte parece haber reconocido que la independencia y autonomía del Fiscal, entonces, depende del carácter del nominado y no de que el candidato haya sido o no empleado del alto gobierno.
Tercera, que los llamados “estándares internacionales” que se alegaron para no elegir Fiscal no eran tales. Para empezar, por que lo que se arguyó como fundamento de tales “estándares” no eran tratados internacionales obligatorios para Colombia. De hecho, no eran siquiera normas de derecho internacional de otro tipo. Eran apenas algunas sugerencias de expertos de distintos países. Para peor, ni siquiera establecían que los fiscales tuviesen que ser penalistas o que no pudieran haber sido funcionarios de gobierno.
Cuarta, que la terna sí era “viable”, a pesar de las declaraciones en contrario de algunos magistrados. En distintos momentos, tras las renuncias de dos de los nominados, insistieron en que toda la terna debía retirarse. Pues bien, ahí sigue como candidato Ospina, el único de los tres postulados originales que sobrevivió la feroz embestida de los magistrados radicales y de sus acólitos en los medios de comunicación.
Como resultado, es posible sostener que exigir las condiciones de experto penalista y no haber sido funcionario de gobierno y declarar la “inviabilidad” de la terna fueron decisiones que no tenían fundamento internacional, constitucional o legal. No sobra recordar que el ámbito de libertad de los funcionarios públicos es reglado y limitado. Es decir, los funcionarios públicos, cuando actúan como tales, sólo pueden hacer lo que la Constitución y las leyes les ordenan. Ni más, ni menos. De manera que pedir requisitos adicionales a los que establece la Constitución para los candidatos a Fiscal General y declarar la “inviabilidad” de una terna que reunía las características exigidas en la Carta Política fueron decisiones calificables de arbitrarias y caprichosas.
Eso, en mi opinión, es lo más desafortunado de este episodio, por cierto no resuelto del todo hasta que se elija Fiscal en propiedad. A mi tampoco, lo dije en su momento, me gustaban algunos de los candidatos originales. Y los nuevos me parecen mucho mejores. Pero los órganos públicos no pueden actuar de acuerdo con sus gustos sino con lo que el orden jurídico ordena. Más grave aún si quien actúa por capricho (esperemos que no por política) es la más alta instancia de la justicia civil.
martes, 19 de enero de 2010
EN DEFENSA DEL PROCURADOR
Por Rafael Nieto Loaiza
¿Porqué los mismos medios y los mismos políticos que ensalzaron al Procurador General por el concepto que llevó a la Comisión Nacional de Televisión a suspender el proceso del tercer canal ahora lo acusan de uribista recalcitrante y de estar vendido al Gobierno? ¿Porqué sostenían que su posición en relación con el proceso del tercer canal era obligatoria y vinculante y ahora sostienen que, en relación con el referendo, es apenas opinión deleznable y no tiene valor jurídico alguno? ¿Porqué asumen que si la Corte Constitucional hunde el referendo es salvadora de la democracia, pero si le da su visto bueno es porque estaba comprada por el Ejecutivo?
Advierto que no estuve de acuerdo con el concepto del Procurador en relación con el tercer canal (no creo que haya fundamento jurídico para sostener que una licitación en la que se presenta un único proponente sea contraria al orden constitucional y legal). Tampoco lo estoy con su opinión en relación con el referendo (por un lado, incluso el pueblo y las asambleas constituyentes tienen límites para sus decisiones. La soberanía popular encuentra su frontera en los derechos y libertades humanas. Por el otro, la violación de los mecanismos de financiación de campañas debe tener sanciones que trasciendan las responsabilidades individuales). Pero indigna ver el descarado doble estándar con se le juzga y se evalúan sus actuaciones. Si convienen a los intereses de los opinadores, las posiciones de la Procuraduría son dignas de elogio y obligatorias y el Procurador casi un héroe nacional. Pero si no les gustan, el Procurador es un “godo reaccionario y camandulero” y sus opiniones son una “vergüenza”.
Lo cierto es que el Procurador fue elegido por votación abrumadora de congresistas no sólo uribistas sino de todos los partidos (Liberal y Polo incluidos) y sus posiciones ideológicas eran entonces ampliamente conocidas. El Procurador sólo ha sido consecuente con su trayectoria previa, algo que, de entrada, merece respeto y reconocimiento en un país lleno de insulsos, saltimbanquis y tránsfugas. Y aunque en ocasiones no se esté de acuerdo con él (he dicho ya que no lo estoy en dos temas de fundamental importancia), hay que admitir que sus opiniones son razonables y jurídicamente sustentadas. No es posible decir, además, que el Procurador le hace el juego al Presidente. Unas veces, como en el asunto del referendo, lo benefician. Pero en otras, como en el ejemplo del tercer canal, va en contravía de lo que el Gobierno quisiera.
De manera que lo que debe hacerse frente al Procurador es debatir sus argumentos y sus posiciones, incluso con vehemencia, pero no descalificarlo a él como persona o como jurista. El debate de ideas es lo propio de las democracias. No lo son el insulto y la descalificación personal y a priori.
Lo mismo, por cierto, es necesario con la Corte Constitucional. Con el añadido de que debería haber un consenso mínimo, social y político, en aceptar lo que la Corte tenga para decir sobre el referendo, sea cual sea su posición final y sea cual sea el margen de los ganadores. Preservar la legitimidad de la Corte es tan importante, en mi opinión, como su opinión sobre el referendo y sus resultados políticos. Sería fatal en términos de la institucionalidad democrática si como resultado de la búsqueda de la segunda reelección, además, nos llevamos entre las patas al árbitro constitucional.
¿Porqué los mismos medios y los mismos políticos que ensalzaron al Procurador General por el concepto que llevó a la Comisión Nacional de Televisión a suspender el proceso del tercer canal ahora lo acusan de uribista recalcitrante y de estar vendido al Gobierno? ¿Porqué sostenían que su posición en relación con el proceso del tercer canal era obligatoria y vinculante y ahora sostienen que, en relación con el referendo, es apenas opinión deleznable y no tiene valor jurídico alguno? ¿Porqué asumen que si la Corte Constitucional hunde el referendo es salvadora de la democracia, pero si le da su visto bueno es porque estaba comprada por el Ejecutivo?
Advierto que no estuve de acuerdo con el concepto del Procurador en relación con el tercer canal (no creo que haya fundamento jurídico para sostener que una licitación en la que se presenta un único proponente sea contraria al orden constitucional y legal). Tampoco lo estoy con su opinión en relación con el referendo (por un lado, incluso el pueblo y las asambleas constituyentes tienen límites para sus decisiones. La soberanía popular encuentra su frontera en los derechos y libertades humanas. Por el otro, la violación de los mecanismos de financiación de campañas debe tener sanciones que trasciendan las responsabilidades individuales). Pero indigna ver el descarado doble estándar con se le juzga y se evalúan sus actuaciones. Si convienen a los intereses de los opinadores, las posiciones de la Procuraduría son dignas de elogio y obligatorias y el Procurador casi un héroe nacional. Pero si no les gustan, el Procurador es un “godo reaccionario y camandulero” y sus opiniones son una “vergüenza”.
Lo cierto es que el Procurador fue elegido por votación abrumadora de congresistas no sólo uribistas sino de todos los partidos (Liberal y Polo incluidos) y sus posiciones ideológicas eran entonces ampliamente conocidas. El Procurador sólo ha sido consecuente con su trayectoria previa, algo que, de entrada, merece respeto y reconocimiento en un país lleno de insulsos, saltimbanquis y tránsfugas. Y aunque en ocasiones no se esté de acuerdo con él (he dicho ya que no lo estoy en dos temas de fundamental importancia), hay que admitir que sus opiniones son razonables y jurídicamente sustentadas. No es posible decir, además, que el Procurador le hace el juego al Presidente. Unas veces, como en el asunto del referendo, lo benefician. Pero en otras, como en el ejemplo del tercer canal, va en contravía de lo que el Gobierno quisiera.
De manera que lo que debe hacerse frente al Procurador es debatir sus argumentos y sus posiciones, incluso con vehemencia, pero no descalificarlo a él como persona o como jurista. El debate de ideas es lo propio de las democracias. No lo son el insulto y la descalificación personal y a priori.
Lo mismo, por cierto, es necesario con la Corte Constitucional. Con el añadido de que debería haber un consenso mínimo, social y político, en aceptar lo que la Corte tenga para decir sobre el referendo, sea cual sea su posición final y sea cual sea el margen de los ganadores. Preservar la legitimidad de la Corte es tan importante, en mi opinión, como su opinión sobre el referendo y sus resultados políticos. Sería fatal en términos de la institucionalidad democrática si como resultado de la búsqueda de la segunda reelección, además, nos llevamos entre las patas al árbitro constitucional.
sábado, 9 de enero de 2010
MIOPÍAS DE LA OPOSICIÓN
Por Rafael Nieto Loaiza
No se espera de los columnistas visiones equilibradas. De hecho, algunos han encontrado su cúspide en momentos de polarización, cuando asumieron posiciones radicales y sin matices. No hubo, por ejemplo, mejor D’Artagnan que aquel que, más allá de cualquier evidencia, se batía una y otra vez por Samper. No recuerdo que en esas épocas alguna vez hubiese estado yo de acuerdo con él, pero no dejé de leerlo ni una sola vez. A algunos otros, sin embargo, esos mismos momentos les roban todo su prestigio. Daniel Samper nunca fue el mismo después de esas épocas aciagas. Su credibilidad se vino al suelo.
Con Uribe el asunto es bien curioso. Frente al Presidente hay una relación inversamente proporcional entre medios y opinión. Si el grueso de la sociedad lo adora, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y sus columnistas, lo detestan con el alma. En los periódicos y revistas los uribistas somos bichos raros (ni hablar, claro, de los uribistas no rerreleccionistas, como el suscrito. Somos tan pocos como los más raros animales en extinción). Y si antes alguien podía decir que la situación quedaba compensada con el cubrimiento dado al Gobierno en la televisión, ahora tendrá que reconocer que, desde que se abrió la discusión del tercer canal, Caracol y RCN destilan un antiuribismo que muy poco se diferencia del de los más enconados enemigos de Uribe.
La popularidad del Presidente en semejantes circunstancias de animadversión de los medios de comunicación tiene diferentes explicaciones que van desde sus cualidades de líder hasta las comparaciones inevitablemente favorables frente a gobiernos anteriores. Con todo, la razón fundamental es que, más allá de lo que se diga y sin importar quien lo diga, los hechos son tozudos. Y esos hechos muestran mejoras sustantivas en la situación de seguridad y socioeconómica de millones de colombianos. El ciudadano común y corriente, la gente de a pie, vive hoy mejor, mucho mejor, que hace siete años y medio. Podrán correr envenenados ríos de tinta y aun así no podrán borrar esa percepción ciudadana.
Por supuesto, buena parte del mérito lo tiene la seguridad democrática. Muy miope hay que ser, o muy sesgado ideológicamente, para no entender que los más afectados con la violencia siempre son los más pobres y desvalidos. Los ricos, al fin y al cabo, pueden resguardarse tras guardaespaldas y carros blindados o, en últimas, irse a otros países. Para los demás no hay opción distinta que sufrir todos los riesgos. Creer que la seguridad sólo sirve para que “los ricos puedan volver a sus fincas por carretera”, como con desprecio dijo alguna vez el ex presidente López, es reflejo de una torpeza política de antología.
Torpeza que ahora se repite una y otra vez, con ocasión del asesinato del gobernador del Caquetá a manos de las Farc. Algunos han sostenido que es síntoma inequívoco del “agotamiento” de la política de seguridad democrática. Otros se atreven a hablar de “fracaso”. Todos sostienen que es indispensable “cambiarla” o “mejorarla”. Y sugieren de manera abierta o en forma implícita que hay también que cambiar el liderazgo que la implementa. En otras palabras, hay que salir de Uribe.
Se equivocan de cabo a rabo. Todos los crímenes que cometan las Farc en estos días preelectorales sólo reforzaran la percepción ciudadana de que la tarea está aun inconclusa y que se necesita aun más de lo mismo. Más Uribe. Y si no es él, a quien Uribe señale.
No se espera de los columnistas visiones equilibradas. De hecho, algunos han encontrado su cúspide en momentos de polarización, cuando asumieron posiciones radicales y sin matices. No hubo, por ejemplo, mejor D’Artagnan que aquel que, más allá de cualquier evidencia, se batía una y otra vez por Samper. No recuerdo que en esas épocas alguna vez hubiese estado yo de acuerdo con él, pero no dejé de leerlo ni una sola vez. A algunos otros, sin embargo, esos mismos momentos les roban todo su prestigio. Daniel Samper nunca fue el mismo después de esas épocas aciagas. Su credibilidad se vino al suelo.
Con Uribe el asunto es bien curioso. Frente al Presidente hay una relación inversamente proporcional entre medios y opinión. Si el grueso de la sociedad lo adora, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y sus columnistas, lo detestan con el alma. En los periódicos y revistas los uribistas somos bichos raros (ni hablar, claro, de los uribistas no rerreleccionistas, como el suscrito. Somos tan pocos como los más raros animales en extinción). Y si antes alguien podía decir que la situación quedaba compensada con el cubrimiento dado al Gobierno en la televisión, ahora tendrá que reconocer que, desde que se abrió la discusión del tercer canal, Caracol y RCN destilan un antiuribismo que muy poco se diferencia del de los más enconados enemigos de Uribe.
La popularidad del Presidente en semejantes circunstancias de animadversión de los medios de comunicación tiene diferentes explicaciones que van desde sus cualidades de líder hasta las comparaciones inevitablemente favorables frente a gobiernos anteriores. Con todo, la razón fundamental es que, más allá de lo que se diga y sin importar quien lo diga, los hechos son tozudos. Y esos hechos muestran mejoras sustantivas en la situación de seguridad y socioeconómica de millones de colombianos. El ciudadano común y corriente, la gente de a pie, vive hoy mejor, mucho mejor, que hace siete años y medio. Podrán correr envenenados ríos de tinta y aun así no podrán borrar esa percepción ciudadana.
Por supuesto, buena parte del mérito lo tiene la seguridad democrática. Muy miope hay que ser, o muy sesgado ideológicamente, para no entender que los más afectados con la violencia siempre son los más pobres y desvalidos. Los ricos, al fin y al cabo, pueden resguardarse tras guardaespaldas y carros blindados o, en últimas, irse a otros países. Para los demás no hay opción distinta que sufrir todos los riesgos. Creer que la seguridad sólo sirve para que “los ricos puedan volver a sus fincas por carretera”, como con desprecio dijo alguna vez el ex presidente López, es reflejo de una torpeza política de antología.
Torpeza que ahora se repite una y otra vez, con ocasión del asesinato del gobernador del Caquetá a manos de las Farc. Algunos han sostenido que es síntoma inequívoco del “agotamiento” de la política de seguridad democrática. Otros se atreven a hablar de “fracaso”. Todos sostienen que es indispensable “cambiarla” o “mejorarla”. Y sugieren de manera abierta o en forma implícita que hay también que cambiar el liderazgo que la implementa. En otras palabras, hay que salir de Uribe.
Se equivocan de cabo a rabo. Todos los crímenes que cometan las Farc en estos días preelectorales sólo reforzaran la percepción ciudadana de que la tarea está aun inconclusa y que se necesita aun más de lo mismo. Más Uribe. Y si no es él, a quien Uribe señale.
sábado, 28 de noviembre de 2009
El estrés del Vicefiscal
Por Rafael Nieto Loaiza
El viernes, por “extremo estrés, al parecer por el clima de tensión por los enfrentamientos entre la Corte y el Gobierno”, fue hospitalizado el vicefiscal general Fernando Pareja. Lo leo y no me lo creo. ¿Se estresó el señor Vicefiscal por las diferencias entre la Suprema y el Presidente? Releo. Para sacarme de dudas, el diario sostiene su información en “una fuente de Fiscalía”.
Aun así, no termino de convencerme. ¿Qué me sucede? ¿Será que este mundo cínico me ha transformado en un escéptico incurable, en un desconfiado irredimible? Y, peor ¿insensible a la enfermedad del prójimo? Pero no, miro mis entrañas y ahí está el mismo que se conmueve con el dolor ajeno, arde frente a las injusticias y llega incluso a ser un tanto sensiblero, de aquellos que enjuga lágrimas en las películas románticas.
¿Por qué entonces me niego a aceptar el motivo de la hospitalización del segundo a bordo en la Fiscalía? No logro entender porqué el Vicefiscal puede “estresarse” por la pugna entre Corte y Palacio de Nariño. Y además terminar en la clínica por ello. Al fin y al cabo ni él está en la Suprema ni es parte del Ejecutivo. Es cierto que, sin embargo, el doctor Pareja ha sido siempre funcionario de la rama judicial y era hasta hace pocos meses magistrado del Tribunal de Bogotá. ¿Será acaso que, identificado con sus antiguos colegas, siente como propias las presiones que viven los honorables de la Corte? La solidaridad sería entendible, pienso. Pero no suficiente para enviarlo al sanatorio, digo.
Recuerdo ahora que el doctor Pareja abandonó su cargo, sólo de manera temporal y con permiso de la Corte, para asumir la Vicefiscalía. Y que Mendoza, Fiscal encargado, lo nombró por solicitud de magistrados de la Suprema. ¡Y de golpe la revelación me derriba del caballo!. El doctor Pareja ha de estar estresado, hasta el punto de la internación “por reacciones psicosomáticas o trastornos sicológicos a veces graves” (según definición de la Real Academia), porque aspira a quedarse en el cargo de Fiscal General. Apuesta a que la terna siga “inviable”, el enfrentamiento se agudice y la Corte, como ya lo ha insinuado, designe Fiscal a dedo. ¡Y el índice magistral apuntaría a él! Él, el elegido, ungido como cabeza del segundo órgano más poderoso del país después de la misma Corte. Semejante posibilidad lo agobia.
Y lo enferma. Ahora entiendo el desvarío de calificar de “delito de lesa humanidad” la bomba al avión de Avianca en 1989. Y el delirio de sostener que el caso podría llegar a la Corte Penal Internacional. Pareja estaba enfermo, enfermísimo, cuando hizo tales afirmaciones porque es inconcebible que un jurista aspirante a Fiscal no sepa que ese tribunal internacional sólo tiene competencia por hechos ocurridos después de julio de 2002, sólo cuando el derecho internacional (no el fiscal nacional de turno) los califique como crímenes internacionales, y en la hipótesis de que la justicia colombiana maniobre de mala fe para dejarlos en la impunidad. Como no creo que el Vicefiscal sea tan tonto como para hablar en contra de su propia gestión…
¿O será acaso que lo que en verdad quiere Pareja es esconder la brutal ineficacia de nuestro sistema de administración de justicia y tratar de impedir la prescripción del delito? Me estoy volviendo en exceso malpensado y suspicaz. Voy a ver si me internan. Quizás también yo necesite una cura para el estrés.
El viernes, por “extremo estrés, al parecer por el clima de tensión por los enfrentamientos entre la Corte y el Gobierno”, fue hospitalizado el vicefiscal general Fernando Pareja. Lo leo y no me lo creo. ¿Se estresó el señor Vicefiscal por las diferencias entre la Suprema y el Presidente? Releo. Para sacarme de dudas, el diario sostiene su información en “una fuente de Fiscalía”.
Aun así, no termino de convencerme. ¿Qué me sucede? ¿Será que este mundo cínico me ha transformado en un escéptico incurable, en un desconfiado irredimible? Y, peor ¿insensible a la enfermedad del prójimo? Pero no, miro mis entrañas y ahí está el mismo que se conmueve con el dolor ajeno, arde frente a las injusticias y llega incluso a ser un tanto sensiblero, de aquellos que enjuga lágrimas en las películas románticas.
¿Por qué entonces me niego a aceptar el motivo de la hospitalización del segundo a bordo en la Fiscalía? No logro entender porqué el Vicefiscal puede “estresarse” por la pugna entre Corte y Palacio de Nariño. Y además terminar en la clínica por ello. Al fin y al cabo ni él está en la Suprema ni es parte del Ejecutivo. Es cierto que, sin embargo, el doctor Pareja ha sido siempre funcionario de la rama judicial y era hasta hace pocos meses magistrado del Tribunal de Bogotá. ¿Será acaso que, identificado con sus antiguos colegas, siente como propias las presiones que viven los honorables de la Corte? La solidaridad sería entendible, pienso. Pero no suficiente para enviarlo al sanatorio, digo.
Recuerdo ahora que el doctor Pareja abandonó su cargo, sólo de manera temporal y con permiso de la Corte, para asumir la Vicefiscalía. Y que Mendoza, Fiscal encargado, lo nombró por solicitud de magistrados de la Suprema. ¡Y de golpe la revelación me derriba del caballo!. El doctor Pareja ha de estar estresado, hasta el punto de la internación “por reacciones psicosomáticas o trastornos sicológicos a veces graves” (según definición de la Real Academia), porque aspira a quedarse en el cargo de Fiscal General. Apuesta a que la terna siga “inviable”, el enfrentamiento se agudice y la Corte, como ya lo ha insinuado, designe Fiscal a dedo. ¡Y el índice magistral apuntaría a él! Él, el elegido, ungido como cabeza del segundo órgano más poderoso del país después de la misma Corte. Semejante posibilidad lo agobia.
Y lo enferma. Ahora entiendo el desvarío de calificar de “delito de lesa humanidad” la bomba al avión de Avianca en 1989. Y el delirio de sostener que el caso podría llegar a la Corte Penal Internacional. Pareja estaba enfermo, enfermísimo, cuando hizo tales afirmaciones porque es inconcebible que un jurista aspirante a Fiscal no sepa que ese tribunal internacional sólo tiene competencia por hechos ocurridos después de julio de 2002, sólo cuando el derecho internacional (no el fiscal nacional de turno) los califique como crímenes internacionales, y en la hipótesis de que la justicia colombiana maniobre de mala fe para dejarlos en la impunidad. Como no creo que el Vicefiscal sea tan tonto como para hablar en contra de su propia gestión…
¿O será acaso que lo que en verdad quiere Pareja es esconder la brutal ineficacia de nuestro sistema de administración de justicia y tratar de impedir la prescripción del delito? Me estoy volviendo en exceso malpensado y suspicaz. Voy a ver si me internan. Quizás también yo necesite una cura para el estrés.
martes, 10 de noviembre de 2009
TRAS VEINTE AÑOS DEL MURO
Por Rafael Nieto Loaiza
Hace veinte años cayó el muro de Berlín. Se iniciaba una época de libertad y democracia. Los regímenes totalitarios, pensábamos, caerían uno tras otro, perdido el referente ideológico que animaba a la mayoría de ellos. Fukuyama lo llamó, con algo de ingenuidad y mucho de pensar con el deseo, “el fin de la historia”.
Si bien es cierto que a lo largo y ancho del planeta la mayoría de las sociedades se liberaron de la opresión, en otros casos las expectativas fueron frustradas. En China se consolidó el capitalismo, pero se mantienen un sistema político de partido único que aun, acaso por simbolismo, se hace llamar comunista. En Corea del Norte y en Cuba perviven dictaduras nepotistas de corte leninista. Y quedan también algunas tiranías en África, muchas de ellas más personalistas que ideológicas.
En América el fin de la guerra fría se tradujo en el retorno a la democracia. En Centroamérica se puso fin a los conflictos armados internos. A las guerrillas centroamericanas, altamente ideologizadas, la caída de la Cortina de Hierro les supuso un doble y mortal golpe. Perdieron la causa ideológica que justificaba el combate y cesaron también los recursos económicos que alimentaban los aparatos de guerra. Cuando terminó el apoyo extranjero, el FMLN, la URNG y la Contra no tuvieron opción distinta a negociar.
Pero en Colombia los subversivos sobrevivieron. Las Farc fueron autárquicas. Les bastaba con los ingresos del narcotráfico y del secuestro. Sus ingentes recursos, su tendencia autista y su falta de solidez ideológica, generaron una combinación que las hizo pragmáticas y efectivas. En un par de quinquenios, se convirtieron en la guerrilla más rica y poderosa del mundo. Y pusieron al país en jaque.
No cabe duda de que la ecuación cambió. Primero con el proyecto de modernización de las Fuerzas Militares y el Plan Colombia de la administración Pastrana y después con la política de seguridad democrática de Uribe. Los secuestros han disminuido un 90%. Los dineros del narcotráfico son cada día menores. Si las cifras de la CIA que acaban de divulgarse son ciertas, la caída de la producción de cocaína en Colombia es del 60% en relación con su pico histórico. Sería la demostración de que, al menos en nuestro país, la guerra contra el narco sí se está ganando. Y probaría que la estrategia de atacar la simbiosis entre narcotráfico y grupos armados ilegales ha sido correcta.
La consecuencia es que las Farc ahora dependen de factores que les son extraños. Por un lado, el acoso de la Fuerza Pública en territorio nacional, que ya no tiene terreno vedado, las obliga a buscar refugio al otro lado de las fronteras. De ahí el incremento de la presencia guerrillera en países vecinos. Por el otro, les urgen apoyos logísticos, políticos e ideológicos.
Aquí es donde Chávez juega un papel vital. El destape ideológico del “socialismo del siglo XXI”, aunque advertido hace ya rato por algunos de nosotros, es inocultable. Quien dude de las características del proyecto chavista es porque no quiere verlas. Trasnochado, risible, tropical, es cierto. Pero ahí está. Es militarista, hegemónico, expansionista, agresivo. Va corriendo hacia la “ideocracia totalitaria” que nombrara Octavio Paz. Mientras que nosotros nos interponemos en su camino, las Farc son sus aliadas.
Es verdad que Chávez personifica mejor que nadie la frase de Marx que reza que “todos los grandes personajes de la historia universal se producen dos veces, una vez como tragedia y otra como farsa”. Pero no reconocer los riesgos que encarna, más que tontería, es suicidio.
Hace veinte años cayó el muro de Berlín. Se iniciaba una época de libertad y democracia. Los regímenes totalitarios, pensábamos, caerían uno tras otro, perdido el referente ideológico que animaba a la mayoría de ellos. Fukuyama lo llamó, con algo de ingenuidad y mucho de pensar con el deseo, “el fin de la historia”.
Si bien es cierto que a lo largo y ancho del planeta la mayoría de las sociedades se liberaron de la opresión, en otros casos las expectativas fueron frustradas. En China se consolidó el capitalismo, pero se mantienen un sistema político de partido único que aun, acaso por simbolismo, se hace llamar comunista. En Corea del Norte y en Cuba perviven dictaduras nepotistas de corte leninista. Y quedan también algunas tiranías en África, muchas de ellas más personalistas que ideológicas.
En América el fin de la guerra fría se tradujo en el retorno a la democracia. En Centroamérica se puso fin a los conflictos armados internos. A las guerrillas centroamericanas, altamente ideologizadas, la caída de la Cortina de Hierro les supuso un doble y mortal golpe. Perdieron la causa ideológica que justificaba el combate y cesaron también los recursos económicos que alimentaban los aparatos de guerra. Cuando terminó el apoyo extranjero, el FMLN, la URNG y la Contra no tuvieron opción distinta a negociar.
Pero en Colombia los subversivos sobrevivieron. Las Farc fueron autárquicas. Les bastaba con los ingresos del narcotráfico y del secuestro. Sus ingentes recursos, su tendencia autista y su falta de solidez ideológica, generaron una combinación que las hizo pragmáticas y efectivas. En un par de quinquenios, se convirtieron en la guerrilla más rica y poderosa del mundo. Y pusieron al país en jaque.
No cabe duda de que la ecuación cambió. Primero con el proyecto de modernización de las Fuerzas Militares y el Plan Colombia de la administración Pastrana y después con la política de seguridad democrática de Uribe. Los secuestros han disminuido un 90%. Los dineros del narcotráfico son cada día menores. Si las cifras de la CIA que acaban de divulgarse son ciertas, la caída de la producción de cocaína en Colombia es del 60% en relación con su pico histórico. Sería la demostración de que, al menos en nuestro país, la guerra contra el narco sí se está ganando. Y probaría que la estrategia de atacar la simbiosis entre narcotráfico y grupos armados ilegales ha sido correcta.
La consecuencia es que las Farc ahora dependen de factores que les son extraños. Por un lado, el acoso de la Fuerza Pública en territorio nacional, que ya no tiene terreno vedado, las obliga a buscar refugio al otro lado de las fronteras. De ahí el incremento de la presencia guerrillera en países vecinos. Por el otro, les urgen apoyos logísticos, políticos e ideológicos.
Aquí es donde Chávez juega un papel vital. El destape ideológico del “socialismo del siglo XXI”, aunque advertido hace ya rato por algunos de nosotros, es inocultable. Quien dude de las características del proyecto chavista es porque no quiere verlas. Trasnochado, risible, tropical, es cierto. Pero ahí está. Es militarista, hegemónico, expansionista, agresivo. Va corriendo hacia la “ideocracia totalitaria” que nombrara Octavio Paz. Mientras que nosotros nos interponemos en su camino, las Farc son sus aliadas.
Es verdad que Chávez personifica mejor que nadie la frase de Marx que reza que “todos los grandes personajes de la historia universal se producen dos veces, una vez como tragedia y otra como farsa”. Pero no reconocer los riesgos que encarna, más que tontería, es suicidio.
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